Ante tanta corrupción. Con urgencia.
El pueblo agitar y aplicar insurgencia
Por Carlos Villacorta Valles
odesi12@yahoo.es
“Qué
vergüenza, PPK. Tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar,
porque yo sé lo que hiciste la última vez...” (Eliane Karp-esposa de
Alejandro Toledo)
Es lo que dice cada gobernante, cada funcionario,
cada fiscal, cada juez, como tapadera a sus actos de corrupción, negándose todo
tipo de ética y todo acto de justicia, porque la corrupción es la negación de
la ética y su práctica que es la moral.
“La
corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos
destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer
servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia”*
Los estudios nos demuestran que el capitalismo
siempre genera gobernantes, funcionarios y asesores anéticos, porque, en lo
fundamental los empresarios participan
como gobernantes o financian a los mismos y, por naturaleza los empresarios son
anéticos y, negocian con el Estado, todo lo ven dinero: comprar y vender,
producir y vender, cuya ganancia es la plusvalía. El capitalismo es la mafia
legalizada e institucionalizada protegida por el Estado. En ese sentido, la corrupción
es práctica capitalista o empresarial. Necesitamos entonces, empresarios con
nueva mentalidad con ética y moral. Considerando la ética como filosofía y
ciencia humanista y la moral su aplicación o práctica ¿Pidiendo peras al olmo?
¡Claro! Estoy pidiendo peras al olmo. Lo que
necesita nuestro país es hacer uso de su derecho estipulado por la Constitución
Política: “Artículo 46°.- (…) La
población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden
constitucional (…)”. Y, la corrupción cómo está, ha violado hace rato
nuestro orden constitucional. POR TANTO:
EL PUEBLO PERUANO:
CONVENCIDOS
de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el
desarrollo integral de nuestros pueblos;
CONSIDERANDO
que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad,
la paz y el desarrollo de nuestra patria, por su naturaleza, exige combatir
toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como
los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
PERSUADIDOS
de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones
democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y
el deterioro de la moral social;
RECONOCIENDO
que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la
criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;
PROFUNDAMENTE
PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y
los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y
atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la
sociedad, en todos los niveles;
TENIENDO
PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad del Estado la
erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para
que su acción en este campo sea efectiva; NO
ESTA FUNCIONANDO O CON CÓMPLICES
ACORDAMOS:
aplicar
el “Artículo 46°.- de la Constitución Política “(…) La población civil tiene el
derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional (…)”. Y
LLAMAR A LA INSURGENCIA POPULAR, CONTRA LA IMPUNIDAD y todos los implicados,
devuelvan lo robado y traficado y vayan a parar en la cárcel.
Todos, gobernantes y oposición deben caer bajo
sospecha, no porque todos roben, sino por complicidad, encubrimiento o lo que
es peor aún, INDIFERENTES.
Todos, tenemos la sensación, que el germen de la
corrupción está detrás de cada obra, de cada licitación, licencia, trámite
burocrático, concesión privada y funcionario público, desde la más pequeña
municipalidad hasta la presidencia de la República. Hasta el más ínfimo rincón de nuestra patria.
Basta de eso que “roba pero hace obras”. Basta el Estado como botín en contienda
cada elección, Un ladrón no puede ser líder, menos gobernante. El pueblo
organizado, sin partidos políticos, debe ser el órgano de control.
Aquí algunos casos de supuestos actos de corrupción**:
Gobierno de Fujimori
Caso Aken y
Apenkai: ONGs creadas por Fujimori para recibir donaciones japonesas. 20
millones de dólares en donaciones, ¿qué fue de este dinero?
Congresistas
trásfugas: se dice que Vladimiro Montesinos, los Ministros de Defensa e
Interior y los jefes de los Institutos Armados, crearon un fondo con recursos
del Estado, para sobornar.
Tractores
chinos: en 1992, Alberto Fujimori dispuso la adquisición de tractores, mediante
un irregular proceso de adjudicación directa a China National Constructional
& Agricultura Machinery Import & Export Corporation.
Pago
Sunat-Borobio: Daniel Borobio pagó su deuda a la SUNAT con fondos del
Estado.
Caso Faisal:
El astrólogo Héctor Faisal recibió dinero de Montesinos para instalar una
página web y crear la Asociación Pro Defensa de la Verdad (Aprodev) con fines
difamatorios.
Medios de
comunicación: 1999 Fujimori y Montesinos pagaron, con dineros de Estado,
US$ 2’000,000, por el 75% de las acciones de cable canal de Noticias CCN, para la
segunda reelección de Fujimori. US$ 1’750,000 a, propietario del Diario
Expreso, Eduardo Calmell del Solar.
Medicinas
chinas. Decretos de Urgencia irregularmente emitidos. Comprar medicamentos
y equipos médicos por US$ 29´002,614.71 entre 1990 y 1994. China National
Medicines & Health Products Import & Export Corporation y Guangdong
Medicines ans Health PRoducts Import & Export Corporation.
CTS de 15
millones de dólares: Se sustrajo 15 millones de dólares del presupuesto del
Ministerio de Defensa para una irregular compensación por tiempo de servicios
(CTS) Vladimiro Montesinos. .
Caso
estudios de los hijos de Alberto Fujimori: Vacíos en la investigación de
los fiscales Schwartz y Cortez. No coinciden con los ingresos que ha declarado.
Gobierno de Alejandro Toledo:
Caso firmas
falsas: mayo de 2005, la comisión Villanueva que investigaba este caso,
emite un informe final donde menciona que encontró responsable de infracción
constitucional y asociación para delinquir al Presidente Alejandro Toledo.
Caso Canal 5:
Ernesto Schütz Landázuri, ex socio mayoritario de canal 5, manifestó
judicialmente que Toledo lo presionó para que le venda a precio de ganga el
canal 5. Pedro Arbulú Seminario, ex ejecutivo de canal 5, en su declaración
ante la comisión de Fiscalización del Congreso, sostuvo que Toledo le dijo: “Me
gusta la idea de que compres canal 5 y me lo vendas”. Arbulú le preguntó ¿Con
que plata? Y él respondió “Eso lo tengo arreglado afuera”.
Caso Zaraí:
Alejandro Toledo habría pagado S/. 297,707 (US $106,324) al vocal Silva Vallejo
para evitar prueba de ADN, que demostraría su negada paternidad de la entonces
menor Zaraí Toledo.
Segundo
gobierno de Alan García:
Caso
MiVivienda: 2007, Guillermo Vivanco, entonces viceministro de Vivienda y
José Luis Castañeda, Secretario general, utilizaron sus cargos para favorecer
con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran director y
presidente del directorio, respectivamente.
Caso SIS:
Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) fue hallado
responsable del robo de S/. 19 millones, que supuestamente se utilizarían para
la compra de raciones alimenticias cuyos beneficiarios serían los damnificados
del terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló Pisco, Ica y Chincha. El 14
de junio del 2008, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a
Espinoza por supuestamente encontrarse con una enfermedad neoplásica. De esta
manera Espinoza pudo salir de prisión.
Caso FORSUR
(Fondo de Reconstrucción del Sur): Forsur, que tenía a su cargo la
reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de
2007, manejó 3 mil millones de nuevos soles. Los representantes de los
damnificados revelaron, en agosto de 2011, que de las 942 obras que Forsur
aseguraba haber ejecutado, alrededor de 120 (13%) se encontraban observadas por
la Contraloría y otras 14 en arbitraje por irregularidades en su ejecución e
incumplimiento de las empresas constructoras.
Caso
Petroaudios: El 5 de octubre de 2008, ex directivo de Perú-Petro Alberto
Químper y al ex ministro aprista Rómulo León, poniéndose de acuerdo en lo que
ellos llamaban unos “faenones”.
Caso BTR:
Su origen está en el escándalo de los “Petroaudios”, cuando se denunció a la
empresa Business Track (BTR) que se encargó del “chuponeo” de las
conversaciones telefónicas entre los involucrados.
Gas de
Camisea, Caso: Petrolera Monterrico; se desprende del caso de los llamados
“petroaudios”. El otrora Premier aprista Jorge del Castillo impulsó un proyecto
de ley para favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio
César Vera Gutiérrez.
Caso Cofopri:
2010, se denuncia la venta irregular de un terreno de 300 mil m2 en una de las
zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario de Lima, en la Panamericana Sur.
El terreno valorizado en US$ 12 millones, se vende por S/.4.908, a todas luces
una suma mucho menor.
Estadio
Nacional: 2011, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación
y ampliación del Estadio Nacional por 20 millones de soles. Después se supo que
habría gastado más de 200 millones de soles.
Decretos de
Urgencia: Además del D.U. 049-2009, que declaraba emblemáticos a algunos
centros educativos del país, se dieron otros D.U. por ejemplo el 001 y 002 que
pusieron en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a favor de empresas
chilenas. Delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación
incompatible y colusión.
ODEBRECHT:
agarra de frente a todos, desde Fujimori hasta PPK.
Fuentes
José Hurtado Pozo. "Corrupción: el caso peruano" Buenos Aires, 1995.
*https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
**http://www.psf.org.pe/decuelloblanco2012/?p=621
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